Una votación que deje sin efecto el Panaut resguardaría los datos personales de más de 124 millones de poseedores de líneas de telefonía móvil ya que el Padrón busca recabar información como nombre, domicilio, CURP además de los datos biométricos como iris o huella dactilar de las personas.
El proyecto de sentencia, elaborado por la Ministra Norma Lucía Piña, que propone la invalidez del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) debe votarse en ese sentido por el resto de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
El próximo lunes 25 de abril la Corte iniciará las discusiones sobre las acciones de inconstitucionalidad en contra del Panaut promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y una minoría del Senado.
El proyecto de la ministra Piña indica que el Panaut genera una afectación a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que no resulta razonable ni resulta una medida legislativa necesaria para una sociedad democrática.
El proyecto de sentencia también menciona, entre otros argumentos, que el Panaut genera una intromisión intensa al derecho a la privacidad, ya que recaba información que permite extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas, no regula el acceso del Estado a la información proporcionada por los usuarios de telefonía móvil, es de carácter obligatorio, abarca a todas las personas titulares de una línea telefónica, y la conservación de los datos personales es de carácter indefinido, subraya R3D.
“En virtud de la inminente discusión, respetuosamente instamos a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a votar a favor del proyecto de sentencia de la Ministra Piña. La creación del Panaut sería violatoria de los derechos humanos de millones de personas, por lo que consideramos que la Corte debe resolver adecuadamente este asunto de enorme trascendencia para la vigencia de los derechos humanos en México”, solicita la organización.
