Incentivos, facilidades en el despliegue, abaratar costos, trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada y apoyo por parte de estados y municipios se requieren para incrementar el despliegue de infraestructura de fibra óptica y mejorar los servicios de banda ancha, coincidieron industria, Legislativo y gobierno federal.
“Necesitamos reducir los costos de despliegue, es decir, que se abarate tender redes de telecomunicaciones, necesitamos hacer eso y también remover las barreras regulatorias que existen a nivel municipal y a nivel local”, destacó Sóstenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante el Mexico Optical Broadband Summit 2022, el comisionado recordó que el instituto ha emitido regulación en diversos sentidos, tanto simétrica como asimétrica.
Además, el regulador ha generado recomendaciones a gobernadores, legislaturas y otras autoridades a nivel estatal y municipal en tres sentidos: que lleven a cabo reformas en su marco normativo a efecto de que se otorgue certeza en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, que se garantice que la infraestructura sea compatible con cualquier uso de suelo y que los trámites asociados puedan gestionarse a través de una ventanilla electrónica.
El desarrollo de distribución de accesos al servicio de banda ancha fija en México pasó de 70% DSL, cable coaxial con 21% y solo 5% de fibra óptica en 2013 a una reducción sustancial de DSL pues ahora solo representan el 25%, el cable coaxial representa el 37% y la fibra creció hasta ser un 30% de los accesos, con datos del IFT a 2021.
Díaz detalló que en 2013 solo 18 municipios tenían acceso a banda ancha fija con fibra óptica y para 2021 hay mil 028 municipios donde vive el 88% de la población del país.
Mientras que en la parte de la red de acceso hay 412 mil kilómetros de fibra óptica y en transporte 266 mil kilómetros.
Por su parte, Enrique Yamuni, director general de Megacable y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), dijo que la industria debe pedir incentivos o, cuando menos, facilidades para el despliegue de la infraestructura, ya que enfrentan una serie de obstáculos.
“Primero, porque existe una falta de Estado de Derecho, inclusive muchos obstáculos son impuestos por la autoridad que debería de dar facilidades, no poner obstáculos”.
También, dijo el directivo, los concesionarios o prestadores servicios como Megacable y otras empresas, deben desplegar redes de fibra.
“Tenemos que respetar un orden pero buscando siempre la eficiencia de la infraestructura”.
Subrayó que los incentivos deben provocar que los prestadores de servicios desplieguen con mayor rapidez la infraestructura.
“Y el estado mexicano tendrá que poner dinero en aquellas zonas que nos son viables económicamente, ahí tendrá que haber dinero publico y privado”.
Yamuni sugirió que tendrá que haber dinero público para las familias sin recursos suficientes para equipos terminales o de última generación.
María de Lourdes Coss, directora general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) coincidió en que en las zonas alejadas llevar conectividad se vuelve más complejo y costoso por que las empresas no ven retorno de inversión.
Para solucionar esta problemática, el Promtel trabaja con pequeñas empresas que despliegan fibra óptica de manera local.
Actualmente, hay cuatro proyectos operando: en Campeche con 320 kilómetros de fibra y una inversión de 20.5 millones de pesos, en Querétaro y Guanajuato con 20 kilómetros de fibra y 17.8 millones de pesos, Oaxaca con 80 kilómetros de fibra y 15 millones de pesos y Durango y Coahuila con 100 kilómetros de fibra y 7 millones de pesos.
“Es un financiamiento que es retornable y en el cual la empresa tiene que dar el mismo nivel de aportación, si pide 5 millones de pesos debe dar 5 millones de pesos”, explicó Coss.
En tanto, Jorge Carlos Ramírez, Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, adelantó que trabajan en un proyecto para modificar la NOM de vivienda de interés social.
Para que con el crédito social que otorga el gobierno con trabajadores y patrones, que es el Infonavit, se defina la vivienda, de tal manera que incluya fibra óptica, explicó.
Frank J. Effenberger, vicepresidente y fellow de Redes de Acceso Fijo en Futurewei Technologies, diversas consultoras han llegado a diversas conclusiones sobre el impacto económico derivado del despliegue de la banda ancha.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) compartió que el 10% en el incremento de la penetración de la banda ancha produce un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y la consultora Roland Berger concluyó que cada dólar que se invierte en banda ancha produce 20 dólares de regreso en términos del PIB.
